1. ¿Cuál era el caso?
La CDMB libró el mandamiento de pago JC 066 del 14 de mayo de 2020 contra la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) para cobrar siete facturas de tasa retributiva por vertimientos, expedidas entre 2016 y 2019 (65722 y 65723 de 2016; 68887 de 2017; 73480 y 73494 de 2018; 80466 y 80542 de 2019). La empresa propuso excepciones, que la CDMB negó en las resoluciones 0371 del 1 de julio de 2020 y 0444 del 18 de agosto de 2020 (esta última al resolver la reposición). Posteriormente, el auto 73 del 25 de septiembre de 2020 dio por terminado el cobro coactivo por pago de la obligación. La EMAB demandó la nulidad de las dos resoluciones y pidió que se le devolvieran $1.075.837.313, además de una indemnización por lucro cesante y daño emergente. Alegó, entre otras cosas, que el Área Metropolitana de Bucaramanga era la autoridad ambiental competente en el período cobrado y que ante ella había pagado, que no se
resolvieron todas sus excepciones, que había demandas pendientes sobre actos de “debido cobrar”, que se aplicó indebidamente el factor regional más oneroso y que sus cargas contaminantes habían disminuido desde 2016.
2. Lo que decidió el Tribunal Administrativo de Santander
El Tribunal negó las pretensiones. Consideró que la CDMB sí resolvió todas las excepciones del artículo 831 del Estatuto Tributario, que los títulos ejecutivos eran las facturas (no los actos de “debido cobrar” ni la resolución de reposición cuya notificación se cuestionaba) y que la discusión sobre competencia, pagos efectuados, cargas superiores y bondades de la planta de tratamiento cuestionaba el contenido del título, algo que no puede hacerse en el cobro coactivo sino mediante recursos en sede administrativa y el medio de control judicial correspondiente. No condenó en costas.
3. Los cargos nuevos no se estudian en la apelación
El Consejo de Estado no se pronunció sobre tres reparos que la EMAB planteó por primera vez en el recurso de apelación: que no le enviaron la factura 68887, que las facturas no identificaban al adquirente ni describían el servicio y que no se discriminó el tratamiento del IVA. La Sección reiteró su jurisprudencia (sentencias del 22 de abril de 2021, exp. 25427, y del 21 de agosto de 2025, exp. 29803): no se pueden incluir en la apelación cargos o argumentos novedosos, ausentes durante el debate judicial, porque suponen plantear cuestiones que no han sido objeto de controversia, lo cual desconoce el debido proceso.
4. Reiterar la demanda no es un reparo concreto
El artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, establece que el superior examina la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos del apelante. Por eso no basta repetir lo dicho en la demanda: el apelante debe controvertir los fundamentos de la sentencia de primera instancia.
En el caso, la EMAB insistió en que no se resolvieron todas sus excepciones, pero no identificó cuáles quedaron por fuera ni por qué no encajaban en los tres grupos en que las agrupó el Tribunal. Del mismo modo, repitió los argumentos de la demanda sin explicar por qué era procedente estudiarlos en la etapa de cobro coactivo. La Sección concluyó que esa simple insistencia era insuficiente para revocar la decisión.
5. En el cobro coactivo no se discute el título ni la determinación del tributo
La Sección recordó que el objetivo del cobro coactivo no es constituir obligaciones sino hacerlas efectivas. El artículo 829-1 del Estatuto Tributario establece que no pueden debatirse en él asuntos propios del procedimiento de fiscalización. Con base en esa norma, la Sección ha dicho que tampoco procede controvertir la legalidad del acto de determinación del tributo en los procesos judiciales contra el acto que niega las excepciones. En este caso, el artículo 24 del Decreto 2667 de 2012 prevé que la factura es el medio de cobro de la tasa retributiva y que los interesados pueden presentar por escrito sus reparos dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago. La Sección tomó la factura como el acto de determinación de la obligación. Por tanto, los argumentos sobre la competencia de la CDMB frente al Área Metropolitana, los pagos hechos a esta, el factor regional aplicado, la falta de periodos y de soportes técnicos, la disminución de cargas contaminantes y la nulidad posterior del Acuerdo Metropolitano 031 de 2014 eran reparos contra el acto de determinación. Debieron plantearse en esa etapa o demandando las facturas, no en el cobro coactivo.
6. La prescripción de la acción de cobro
Aunque la demanda no planteó un cargo puntual de prescripción, la Sección lo estudió de oficio, con apoyo en su precedente y en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que obliga a resolverla de oficio. La EMAB sostenía que se aplicaba el término de tres años de la acción cambiaria del Código de Comercio. La Sección lo rechazó: como la factura es el acto de determinación de una obligación fiscal, y no un título valor, aplica el término de cinco años del artículo 817 del Estatuto Tributario. La prescripción se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago (artículo 818). El mandamiento se libró el 14 de mayo de 2020 y se notificó el 19 de
mayo de 2020, y la factura más antigua venció el 14 de junio de 2016, por lo que no transcurrieron cinco años respecto de ninguna de las facturas. La sentencia no precisa cuál numeral del artículo 817 usó para contar el término.
7. Condena en costas
El Tribunal no condenó en costas y ese punto no fue apelado. En segunda instancia, como el recurso no prosperó, se condenó a la EMAB: las agencias en derecho se fijaron en un (1) SMLMV, según el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, y el Tribunal debe tramitar el incidente de liquidación conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.
8. ¿Cuál fue la decisión del Consejo de Estado?
El Consejo de Estado confirmó la sentencia del 9 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de nulidad de las resoluciones 0371 y 0444 de 2020 de la CDMB. Condenó en costas de segunda instancia a la EMAB (un SMLMV de agencias en derecho) y reconoció personería a la apoderada de la CDMB. La sentencia está firmada con aclaración de voto de la magistrada Claudia Rodríguez Velásquez; el documento recibido no incluye el contenido de esa aclaración.
9. Recomendaciones de Río Consultores
Objetar la factura a tiempo: los reparos contra la factura de la tasa retributiva deben presentarse por escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago (artículo 24 del Decreto 2667 de 2012) y, de ser necesario, demandarse; una vez en cobro coactivo ya no se discute su contenido. Revisar cada factura al recibirla: verificar autoridad que la expide, períodos, factor aplicado y soportes técnicos, y conservar los pagos hechos a otras autoridades para sustentar los reparos oportunamente. Usar bien las excepciones contra el mandamiento de pago: limitarlas a las del artículo 831 del Estatuto Tributario (pago, ejecutoria del título, prescripción, entre otras) y no a la legalidad del título.
Apelar con reparos concretos y sin cargos nuevos: identificar los puntos de la sentencia de primera instancia que se controvierten, y plantear todos los argumentos desde la demanda, porque en segunda instancia no se estudian cargos nuevos ni la simple repetición de la demanda. Controlar los términos de prescripción: frente a obligaciones fiscales cobradas mediante factura, el término es de cinco años (artículo 817 ET) y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago; no se aplica el término de la acción cambiaria. Evaluar el riesgo de costas: el recurso de apelación que no prospera puede acarrear condena en costas en segunda instancia.
10. Concepto consolidado de Río Consultores
En la Sentencia 30892 del 8 de octubre de 2026, el Consejo de Estado confirmó que en el cobro coactivo de la tasa retributiva por vertimientos no se puede discutir el contenido ni la legalidad de las facturas que sirven de título ejecutivo y que constituyen el acto de determinación de la obligación; esos reparos deben plantearse oportunamente ante la autoridad o, mediante demanda, ante la jurisdicción contenciosa. Además, reiteró que en la apelación no se estudian cargos nuevos ni basta repetir la demanda sin controvertir la sentencia de primera instancia, que la prescripción se analiza de oficio y se rige por el término de cinco años del artículo 817 del Estatuto Tributario, y que el apelante vencido puede ser condenado en costas. RÍO CONSULTORES recomienda objetar a tiempo las facturas de tasas y contribuciones, usar el cobro coactivo solo para las excepciones que la ley permite y construir los recursos con reparos concretos y completos desde la demanda. nov. de 2026
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